STC 196/2004, de 15 de noviembre de 2004

Antecedentes de hecho

La demandante trabajó como agente administrativo para Iberia a través de contratos temporales. La empresa dio por extinguida la relación laboral durante el último contrato temporal alegando la falta de superación del periodo de prueba consecuencia de la calificación de “no apto” por los médicos tras el examen médico ya que la muestras de orina detectaban un coeficiente de cannabis. Se declaró probado que no se comunicó a la recurrente que en los análisis médicos se examinaría el posible consumo de estupefacientes. La Sentencia de instancia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ibiza, de fecha 6 de agosto de 1999, declaró la nulidad del despido. En dicha sentencia el argumento central es la vulneración del derecho a la intimidad del art 18.1 CE. Dicha sentencia fue revocada por la impugnada en amparo, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. El tribunal sentencia que el periodo de prueba resultaba irregular y que por tanto, el despido era improcedente pero no considera violado el derecho a la intimidad argumentando que el análisis médico es un procedimiento común, que existió colaboración por parte de la demandante y que además se había verificado la confidencialidad de los datos obtenidos. La sección Primera del Tribunal Constitucional por providencia admite el recurso de amparo.

Fundamentos de derecho

El tribunal entiende que se ha producido una intromisión en la esfera del derecho fundamental de intimidad personal. Por otro lado la ley de prevención de riesgos laborales tiene como regla general la voluntariedad para el sometimiento al reconocimiento médico habiendo excepciones que quedan vinculados a la certeza de un riesgo o peligro en la salud de los trabajadores, o bien en determinadas actividades por el riesgo o peligrosidad que entrañan. Del art. 25 de la Ley de Riesgos Laborales y del art. 196 de la Ley general de la Seguridad Social se desprende que el reconocimiento médico en la relación laboral no es un instrumento del empresario para un control de la salud como tampoco una facultad para verificar la capacidad de sus empleados. Además no se puede entender como supuesto excepcional de control obligatorio de la salud. Es cuestión central entonces, la voluntariedad del sometimiento a las pruebas médicas. Para ser eficaz el consentimiento requiere que el trabajador sea informado de las pruebas que puedan llegar a afectar a su intimidad corporal, así como de aquellas que aun afectando únicamente a la intimidad personal puedan generar un reproche social. En garantía del derecho fundamental se impone que el consentimiento sea informado particularmente en aquello que no sea previsible y eso es lo que ocurre con los datos de sobre estupefacientes. Como hemos mencionado en la exposición de los hechos la demandante no fue informada y además no se ha justificado la necesidad de la prueba de estupefacientes para el puesto de trabajo de la demandante. Se anula la sentencia del TSJ y se declara la firmeza de la Sentencia del Juzgado de lo Social que aplicó con acierto el art. 18.1.

Comentario jurídico personal

Entendemos en la misma dirección que el TC, que el derecho a la intimidad consagrado en el art. 18.1 CE confiere un poder de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima salvo que estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea proporcionada o que exista un consentimiento eficaz que lo autorice.
En relación a la tesis expuesta creemos que se ha invadido la esfera privada sin contar con una habilitación legal para ello. Efectivamente, la ley de prevención de riesgos laborales en su art. 22.1 establece que la vigilancia de la salud de los trabajadores a través de los reconocimientos médicos sólo podrá realizarse, por regla general, cuando el trabajador preste su consentimiento. Concluimos que en este supuesto no se ha contado con un consentimiento eficaz ya que compartimos la idea del tribunal cuando expone que para ser válido el consentimiento este debe ser precedido de una correcta información sobre las pruebas médicas, especialmente cuando son invasoras de su intimidad. Tampoco responde a lo previsible el examen de estupefacientes por lo que con más razón debía ser informado sobre ello.
Sólo podríamos amparar legalmente el examen médico llevado a cabo si éste se encontrase dentro de las excepciones que postula la ley de prevención de riesgos laborales que aparecen cuando resulten los exámenes imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o si el estado de salud del trabajador puede ser peligros para él mismo o para otros. Comprobamos que no se han cumplido esos requisitos de riesgo y peligrosidad que podrían amparar la práctica llevada a cabo por los servicios médicos. Por todo ello, entendemos que se ha producido una vulneración del art 18.1 CE y que por tanto el despido laboral llevado a cabo como consecuencia del examen realizado deber ser calificado como nulo.

Sentencia de 13 de diciembre de 2008, recurso 3925/2007
Tribunal Supremo, Sala cuarta, de lo Social

Antecedentes de hecho

Dª Marina tenía un contrato de trabajo de duración determinada, con fundamento en un incremento de la producción, con la empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A., en el que se pactó un período de prueba de sesenta días. Contra sentencia que declaró la validez de la rescisión del contrato por no superación del período de prueba, encontrándose la trabajadora de baja por enfermedad común, recurre ésta en casación para la unificación de doctrina.

Fundamentos de derecho

Según la Sala de lo Social, el pacto de prórroga de la duración del período de prueba que autoriza el ET en su artículo 14.3 para los casos de IT, y que acordaron las partes, supone una garantía para ambas en cuanto a que el período puede ser alargado más allá de los límites legales. La recurrente pretende que durante dicho periodo de interrupción no quepa la rescisión unilateral del contrato.
Sin embargo, esto no quiere decir que la facultad empresarial para desistir del contrato en tal período desaparezca por la existencia de dicha interrupción en el cómputo, de forma que cuando el desistimiento se produce en el período de prórroga, deben estimarse los efectos extintivos que le son propios, sin que por ello pueda hablarse de despido improcedente, como pretendía la trabajadora, en tanto en cuanto no puede considerarse ni abusivo ni discriminatorio o atentatorio a derechos fundamentales. En consecuencia, la sentencia recurrida debe ser confirmada, desestimando el recurso interpuesto por la representación de Dª Marina.

Comentario jurídico personal

Uno de los problemas que se plantean en su argumentación, es la interpretación de la sentencia de referencia aportada por la recurrente en la que se específica que ‘‘la IT interrumpirá el período de prueba, reanudándose una vez acabada la situación de IT’’, y por otro lado, el artículo 20.2 del Convenio Colectivo Estatal de Telemarketing de 8 de de Marzo de 2005, que establece la interrupción del cómputo del período de prueba en caso de IT entre otros, siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes. Ciertamente, entendemos que ambos casos han de ser comprendidos a efectos del artículo 14.3 ET, disipando cualquier divergencia entre las dos redacciones.
La cuestión relativa a los efectos de interrupción del período de prueba tratada en esta sentencia fue un tema novedoso que no se había tocado hasta entonces en la Sala cuarta del Tribunal Supremo. En efecto, dicha sentencia sienta doctrina puesto que se pronuncia por primera vez sobre la posibilidad de que un acuerdo entre partes contemple no sólo la opción de interrumpir y alargar el periodo inicial cuando concurre IT, sino que además podría inhibir la facultad de desistir del contrato previsto en el artículo 14.2 ET.
En este supuesto, parece relevante precisar la decisión del TS de interpretar tal posibilidad conforme a una interpretación literal del artículo 14.3 ET, de manera que la IT sólo produciría la interrupción del cómputo, ya que ni siquiera en los supuestos de suspensión se contempla la opción de impedir la facultad de extinción del contrato.

Sentencia número 4241/2008 de 22 de mayo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Antecedentes de hecho.

En el año 2007 la demandante firma un contrato eventual (por circunstancias de la producción) con una empresa de trabajo temporal por un periodo de mes y medio. Durante este tiempo la ETT no da de alta en la Seguridad Social a la trabajadora, obligación que no cumple hasta cinco días después de concluido el contrato. Al finalizar dicho contrato, la demandante y la empresa demandada (empresa usuaria) firman un nuevo contrato de duración determinada de cuatro meses y medio. Posteriormente, la empresa comunica a la actora que no le renovará el contrato a su vencimiento, motivo por el cual interpone demanda sobre Despido en el Juzgado Social de Barcelona. La demanda fue desestimada y es por ello por lo que la trabajadora interpone recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Fundamentos de derecho.

La recurrente alega, en primer lugar, infracción del artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores, que dispone que “adquirirán la condición de trabajadores fijos los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente hubiera podido fijar para el periodo de prueba, salvo que de la propia naturaleza de las actividades contratadas se deduzca claramente la duración temporal de las mismas”.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima tal alegación precisamente por el inciso final del precepto, ya que en el caso que nos ocupa puede deducirse indudablemente la duración temporal del contrato. Continua razonando el Tribunal que carece de relevancia examinar si la relación laboral fue fraudulenta (tal y como ha hecho en anteriores casos) ya que en este supuesto la trabajadora, posteriormente al primer contrato con la ETT, contrata con la empresa usuaria, algo que es totalmente admisible en nuestro ordenamiento (tal y como subraya el Tribunal) pero que implica la presunción de que la trabajadora no consideraba que el primer contrato se celebró en fraude de ley por responder a una necesidad permanente de la empresa usuaria.

En segundo lugar, la recurrente alega infracción del artículo 15.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, que regula el contrato eventual por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos. El precepto establece una duración máxima para este tipo de contratos de 6 meses dentro de un periodo de doce meses. El Tribunal también desestima esta alegación ya que se cumplen los citados requisitos de la contratación eventual.

Comentario jurídico personal.

En nuestra opinión la sentencia es razonable al desestimar el recurso presentado por la trabajadora. Por un lado es razonable que, si un trabajador estima que un contrato se ha celebrado en fraude de ley por ser eventual cuando en realidad responde a necesidades permanentes de la empresa, se le exija que interponga demanda previamente a firmar un segundo contrato eventual con la misma empresa. Además, y siempre desde nuestro punto de vista, sería desproporcionado convertir un contrato de estas características y que responde a necesidades temporales y excepcionales de la empresa en un contrato indefinido por el hecho de la tardía alta en la Seguridad Social. De hecho el legislador así lo consideró al introducir en el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores la salvedad final.

Por otro lado, habría que analizar que efectivamente la empresa hubiera experimentado un incremento de los pedidos por parte de los clientes, razón que justificaría la contratación eventual de la trabajadora para responder al requerido aumento de producción. Suponemos que esto es así al no establecer lo contrario el Tribunal. Dado que, junto a este requisito, también se cumple el del tiempo de duración del contrato, nada podría alegarse como vulneración del artículo 15.1 b) del Estatuto.

Por todo ello la decisión de la empresa de no renovar el contrato de la trabajadora al vencimiento del mismo es en nuestra opinión (y de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) conforme a derecho y no viene más que a confirmar que las necesidades de trabajo de la empresa eran efectivamente eventuales y transitorias.

Convalidado el Real Decreto con medidas sobre el empleo propuestas por el Gobierno

Convalidado el Real Decreto con medidas sobre el empleo propuestas por el Gobierno
Publicado el 26-03-2009 , por Expansión.com

La convalidación se ha aprobado con 184 votos a favor y 162 en contra, pero, a petición de todos los grupos de la Cámara, se ha realizado una segunda votación para que se tramite mediante un Proyecto de Ley, lo que ha sido aprobado por unanimidad.

El Pleno del Congreso ha convalidado hoy el Real Decreto de medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del empleo y la protección de los desempleados y ha acordado por unanimidad tramitarlo como Proyecto de Ley, lo que permitirá introducir cambios a través de enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha defendido la necesidad de adoptar de forma inaplazable estas medidas para evitar la salida del mercado laboral de los trabajadores afectados por reestructuraciones empresariales y también para afrontar los periodos de desprotección para quienes quedan en el paro.
Es la segunda vez en un mes que el Gobierno pierde la posibilidad de tramitar un Decreto Ley, después de que no consiguiera sacar adelante, el pasado 12 de marzo, el Real Decreto de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, que requirió una segunda votación para que se aprobara como Proyecto de Ley.

Reproches:

Los portavoces parlamentarios han reprochado al Gobierno que estas medidas no hayan sido consensuadas y algunos (PNV, Nafarroa Bai, IU y ERC) han criticado especialmente que las empresas que contraten indefinidamente antes de final de este año se puedan bonificar del cien por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social, por discriminatoria, reaccionaria o mercantilista. Corbacho ha recordado que las medidas se estructuran en tres bloques: para el mantenimiento del empleo, para la protección de los desempleados y para la generación de empleo.
Entre las primeras se establece la bonificación del 50 por ciento de la cuota empresarial por cada trabajador afectado por expedientes de regulación de empleo (ERE) de carácter temporal, siempre que no supere los 240 días y que el empresario se comprometa a mantener el empleo al menos un año desde el fin del ERE.
La otra medida, modifica el convenio especial de Seguridad Social que suscriben los trabajadores mayores de 55 años que ven extinguido su contrato por un ERE.
En este caso, las cotizaciones empresariales de una actividad que se desarrolle durante la vigencia de dicho convenio especial pueden sufragar las cuotas que deben abonar los trabajadores a partir de los 61 años.
En el segundo bloque, se incluye que los afectados por ERE temporales no sufran merma en su prestación por desempleo, con un máximo de 120 días cuando se les extingue el contrato y de 90 en caso de suspensión.
También, la supresión del plazo de un mes de espera, que hasta ahora se aplicaba, para cobrar el paro. En el tercer grupo están las bonificaciones de los contratos indefinidos a tiempo parcial, que serán un 30 por ciento superiores a las que recibiría el empresario por la jornada pactada en el contrato.
Asimismo, incorpora la medida para que las empresas que contraten indefinidamente antes de final de este año se puedan beneficiar del cien por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
Los límites son que la cuantía bonificada no supere el importe equivalente a la prestación por paro que tuviera pendiente de percibir en el momento de celebrar el contrato y que la bonificación no supere los tres años de duración.

Bruselas ve ilegal pagar a las mujeres pensiones más altas que a los hombres

Bruselas ve ilegal pagar a las mujeres pensiones más altas que a los hombres.

Publicado el 26-03-2009 , por C. G-L. Madrid
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó hoy que es ilegal pagar a las mujeres pensiones más altas que a los hombres para compensar las desventajas que tienen durante su carrera profesional porque ello vulnera el principio de igualdad de trato.
Sin embargo, y pese a este primer dictamen, la sentencia también aclara que un Estado miembro sí puede establecer "ventajas concretas" destinadas a facilitar el ejercicio de una actividad profesional por parte de las mujeres.
En concreto el dictamen se refiere al sistema de pensiones existente en Grecia. La Comisión había solicitado al TUE que declarara ilegal este régimen por considerar que impone condiciones de jubilación menos favorables para los hombres que para las mujeres.
Según se desprende de la sentencia, Grecia no ha negado las diferencias de trato, pero sostiene que estas diferencias responden a las funciones sociales respectivas de los hombres y de las mujeres y constituyen medidas compensatorias de las desventajas sufridas por las mujeres debido a la menor duración de su vida profesional.
En su sentencia, que se ha dado a conocer hoy, el Tribunal señala que es contrario a la igualdad de trato establecer, para la concesión de una pensión de jubilación, requisitos de edad y de otro tipo que difieran según el sexo para trabajadores que se encuentran en situaciones idénticas o comparables.
Este principio, añade Bruselas, no impide que un Estado miembro aplique medidas que establezcan ventajas concretas destinadas a facilitar el ejercicio de una actividad profesional por el sexo menos representado o a evitar o compensar desventajas en la carrera profesional. No obstante, las medidas nacionales amparadas por el principio de igualdad de trato deben, en todo caso, contribuir a ayudar a las mujeres a desarrollar su vida profesional en condiciones de igualdad con los hombres.El Tribunal de Justicia constata, sin embargo, que las disposiciones del Código griego de pensiones civiles y militares no pueden compensar las desventajas a que están expuestas las carreras de las funcionarias y militares, ayudando a estas mujeres en su vida profesional.

Una aseguradora despide a un trabajador al conocer que padece cáncer

EFE BARCELONA
Publicado Miércoles, 25-03-09 a las 15:27
El colectivo de abogados Ronda ha presentado una denuncia contra la empresa Lico Corporación Operador Banca-Seguros por despedir, alegando un expediente disciplinario, a un trabajador al descubrir que estaba afectado de un cáncer de pulmón.
En una rueda de prensa celebrada hoy, el trabajador afectado, Joan Ramon Vilamajó, ha denunciado la "injusticia" del caso y ha reclamado que se declare nulo el despido, lo cual le permitiría reincorporarse a su puesto. Además, el trabajador solicita una indemnización por los daños y perjuicios morales que le ha ocasionado la empresa con su despido.
«Falso» despido disciplinarioLa cronología del caso es la siguiente: en mayo de 2008 Vilamajó es contratado con un contrato temporal, ocho meses más tarde, en enero de 2009, se le hace un contrato indefinido con un salario mensual de 1.000 euros hasta que el pasado 16 de febrero se le detecta un cáncer de pulmón que él comunica a la compañía, que decide despedirle tres días más tarde, el 19 de febrero, amparándose, según los abogados, en un "falso" despido disciplinario.
Según la abogada del trabajador, Ana Tomé, la empresa Lico Corporación Operador Banca-Seguros "bordeó" la ley al indemnizar a Vilamajó con 1.200 euros, los que le corresponden a los 45 días de salario bruto que contempla la legislación.
Un subsidio de 400 eurosPor ello, la abogada alerta de que Vilamajó se encuentra actualmente en una situación "dramática" pues la baja médica le descuenta la prestación de desempleo, que en diez meses dejará de cobrar y pasará a recibir un subsidio de 400 euros. Además, el trabajador no puede solicitar un nuevo empleo, pues está recibiendo tratamientos intensivos de larga duración para paliar su enfermedad.
Desde el colectivo de abogados Ronda, se denuncia que desde que se acentuó la crisis económica las empresas están empleando estrategias "ingeniosas" para llevar a cabo despidos amparados en la ley, pero sin causas que los justifiquen.
Así es el caso de la compañía Lico Corporación Operador Banca-Seguros, que justificó con el cierre de la delegación de Barcelona el despido de Vilamajó, cuando a día de hoy la delegación sigue abierta y en pleno funcionamiento.

CEOE acepta eliminar el contrato temporal si la indemnización de los fijos se abarata a 20 días

ABC MADRID
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha instado ayer al Gobierno a promover una reforma laboral para conseguir un mercado de trabajo «coherente» en el que se supriman los contratos temporales a cambio de abaratar el despido de 45 a 20 días de indemnización por año trabajado.
En una conferencia sobre «Los empresarios ante la crisis» en la Universidad Alfonso X El Sabio en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada, Díaz Ferrán se refirió a la situación económica, destacando que España tiene los peores datos de empleo de toda la UE, con 3,5 millones de parados y 16.000 empresas cerradas. Y advirtió que «lo peor de la crisis aún no ha pasado».
A su juicio, la situación no va a mejorar, por lo menos, hasta finales de 2010. Aunque todo dependerá de que la economía estadounidense y europea consiga remontar.
Por lo que respecta al peligro de deflación, ante la caída de los precios, el presidente de la patronal española recalcó que la economía española ha perdido competitividad y que una solución para la caída de los precios sería que los salarios en estos momentos crecieran al 1%, una propuesta que los sindicatos no han admitido, sino que por el contrario reclaman el doble de subida de lo que necesita la economía. Además, insistió, el incremento salarial propuesto por la CEOE no supone una pérdida de poder adquisitivo.
Ante la falta de acuerdo para negociar los convenios, Díaz Ferrán volvió a apostar por la moderación salarial, a fin de no seguir perdiendo competitividad, y sobre todo, para poder mantener los puestos de trabajo.
Otras soluciones de la CEOE se refieren a la necesidad de emprender reformas estructurales, a las que Díaz Ferrán calificó de «imprescindibles», que deberían afectar a materias tan sensibles como «la financiación de empresas o la creación de empleo», y que según recordó, han sido recomendadas al Gobierno por instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Europea.
Las quejas
Además, el patrón de patronos se quejó de la tardanza de las administraciones en realizar sus pagos a las empresas, lo que pone aún en más peligro su supervivencia ante su falta de liquidez.
Por último, Díaz Ferrán, aprovechando su presencia en la universidad, apostó por una reforma educativa integral con la que se se fomente el espíritu emprendedor y se valore el papel de los empresarios en la economía.

Montoro rechaza las medidas del Gobierno contra el desempleo y afirma que «el socialismo crea paro»

A. DELGADO, M. CALLEJA, AGENCIAS MADRID
Actualizado Jueves, 26-03-09 a las 12:52
El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro rechazó el paquete de medidas urgentes presentado por el Gobierno para luchar contra el paro, convalidado hoy en el Congreso, y pidió al resto de los grupos parlamentarios que votasen en contra de unas propuestas que son «una demostración más de la imporvisación del Gobierno». Montoro sentenció que «el socialismo crea paro» y que el Ejecutivo plantea «pequeños parches que no van a resolver el problema» y subrayó que «éste es el peor gobierno de la democracia española».
El Congreso convalidó hoy, con el apoyo de CiU y el rechazo del PP, PNV y ERC-IU-ICV, el decreto de medidas laborales, que finalmente se tramitará como proyecto de ley. La oposición forzó el PSOE a este cambio en el trámite, poniendo de nuevo de manifiesto la debilidad del Gobierno, que se vio obligado a pactar con CiU a cambio de que este grupo votara a favor. La norma recibió 184 votos del PSOE, CiU, BNG y Coalición Canaria, frente a los 162 que sumaron PP, PNV, ERC-IU-ICV, Nafarroa Bai y UPyD. Su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia fue aprobada por unanimidad.
El ministro defendió ante la Cámara el paquete de medidas que tendrá un coste de 1.577 millones de euros. Corbacho pidió el apoyo de los grupos parlamentarios «a la contratación, porque lo contrario sería defender el abaratamiento del despido y no sé si alguien desde esta tribuna querría defender esta posición...». Entre las medidas que incluye el decreto se encuentra la autorización a los empleados afectados por un ERE a que trabajen en otra actividad mientras se resuelve su situación, una iniciativa que se venía barajando, pero que no se preveía incluir a priori en el decreto.
El paquete de medidas aprobado tendrá un coste de 1.577 millones de euros
Además, la empresa que contrate a parados podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, mientras que si la contratación es de personas afectadas por un ERE la bonificación será del 50%. Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado la posibilidad de que las empresas "viables" puedan fraccionar o aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social para poder seguir desarrollando su actividad.
Durante el debate Corbacho defendió las 80 medidas contenidas en el denominado «Plan E» del Ejecutivo socialista, que han movilizado «recursos públicos sin precedentes», pero admitió que el empeoramiento de la situación del mercado laboral ha obligado a tomar «medidas extraordinarias» como las contenidas en el decreto, cuyo resultado será evaluado con los agentes sociales antes del 31 de diciembre, aunque podría verse prorrogado según la evolución del empleo.
Por su parte, el parlamentario de CiU, Carles Campuzano, señaló que «examinadas por separado» las medidas del decreto «pueden tener su utilidad», pero en bloque resultan «claramente insuficientes».
El portavoz de Trabajo del PNV, Emilio Olabarría, recordó al PSOE que fueron los «únicos» que han «abaratado el despido» durante la anterior legislatura con Jesús Caldera como ministro de Trabajo, y atacó duramente el decreto debatido hoy.
El representante de Izquierda Unida, Gaspar LLamazares, ironizó sobre el «decreto salomónico» presentado por Corbacho que, a su juicio, no responde a argumentos de extrema urgencia que hagan que el Gobierno «no apure» el diálogo con la «izquierda» para satisfacer al «voraz» sector empresarial español.
PP, PNV, ERC-IU-ICV, Nafarroa Bai y UPyD votaron en contra de las propuestas del Gobierno
Su compañero de grupo parlamentario y diputado de ERC Joan Tardá incidió en que el «pequeño ajuste» del decreto tienen poco bagaje frente a «la que va a caer» en los próximos meses, al tiempo que calificó directamente de «perversa» las bonificaciones, que suponen una «mercantilización» del mercado de trabajo.
La representante de UPyD, Rosa Díez, denunció que el carácter coyuntural de las medidas impide que se «resuelvan los problemas estructurales» del mercado laboral español, y es síntoma de un Ejecutivo «que sabe muy bien ganar las elecciones pero es incapaz de gobernar».
Por último, el socialista Jesús Membrado destacó que las medidas tienen la «cautela» de un límite temporal y auguró que el trámite como proyecto de ley permitirá que se «mejore convenientemente entre todos» y que se pueda enriquecer para potenciar su objetivo de «inserción de trabajadores» en el mercado de trabajo en un momento en el que las empresas tienen «problemas de liquidez».

Malo de Molina urge reformas en el mercado laboral

Malo de Molina urge reformas en el mercado laboral

Publicado el 25-03-2009 , por Expansión.com

El director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, cree que la reforma del mercado de trabajo en España es "inaplazable" y debería encaminarse hacia una mayor "flexibilidad" y "equilibrio".

Las actuales condiciones del mercado de trabajo, -ha indicado-, junto al desplome del sector de la vivienda son dos características específicas de España que se han dado junto a la crisis económica y financiera mundial, y por lo tanto hay que corregirlas para lograr el equilibrio económico cuando se supere la actual situación global.
Malo de Molina ha intervenido en el II Foro económico Forinvest en el que expertos en economía y responsables de entidades financieras han coincidido en que en la urgencia de abordar reformas estructurales en el mercado de trabajo y en el sistema productivo que serán necesarias tras la salida de la crisis financiera mundial, sobre cuyo fin ninguno ha querido hacer pronósticos, informa EFE.
Los directivos de bancos y cajas que han intervenido en el Foro han valorado las medidas puestas en marcha por el Gobierno y han asegurado que su sector está trasladando las ayudas a los consumidores particulares y pymes, y que los efectos de esta política se verán en breve.
Más flexibilidad y seguridad en las reformasMalo de Molina ha subrayado que las reformas del mercado laboral deben orientarse a mejorar la relación entre "flexibilidad y seguridad" que actualmente "no es satisfactoria" ya que, en su opinión, los mecanismos de protección del empleo para algunos colectivos "generan fuertes pérdidas de puestos de trabajo en el conjunto de la economía y reducen los incentivos a la contratación". Algunas características del mercado de trabajo español, que no generan problemas en una fase expansiva, actúan "como factores de amplificación de destrucción del empleo en fases recesivas", ha insistido.
Asegurar el sistema financiero, prioritarioEntre las medidas puestas en marcha por el Gobierno español contra la crisis, ha destacado la "prioridad de asegurar el sistema financiero" que permite a la vez activar la demanda y atender a las necesidades de las empresas, sobre todo de las pymes. Ha advertido de que esas políticas de ayudas públicas son las que han originado que se haya pasado de un superávit del 2% a un déficit del 3,8% que incluso puede ser del 4% en este año.
Para el experto, esas ayudas tendrán que tener un tope ya que se corre peligro de sufrir "un rápido deterioro de las finanzas públicas ya que nuestro margen ya ha sido utilizado". También se ha referido a la necesidad de "promover un relevo en las actividades productivas y hacer una reasignación entre los sectores". Hay que hacer reformas estructurales y tomar medidas de estímulo pues, en su opinión, de no llevarlas a cabo se correría el peligro de que tras "la severa recesión generalizada" la economía en España no tuviera la capacidad de adaptarse al nuevo modelo que surja.
El dato de la inflación en España, que por primera vez es medio punto por debajo de la media europea, debe ser aprovechado "para enderezar la trayectoria", ha apuntado. Ha insistido en la buena situación de las entidades financieras españolas y ha dicho que en parte se debe a que en el periodo expansivo de la economía española el Banco de España exigió un aumento de las provisiones de fondos tras entrar en vigor la política monetaria común.

Zapatero afirma que las medidas anticrisis ya han tenido efectos positivos

Zapatero afirma que las medidas anticrisis ya han tenido efectos positivos

Publicado el 25-03-2009 , por Expansión.com
El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado hoy que ya se están registrando "los primeros efectos positivos" de las medidas adoptadas por su Gobierno frente a la crisis económica, aunque ha admitido que son aún insuficientes para contrarrestar una situación "todavía difícil y complicada".

En el discurso con el que ha presentado ante el pleno del Congreso las conclusiones del último Consejo Europeo, Zapatero ha expuesto "la buena noticia" de los primeros resultados del "Plan E", pero ha pedido también "prudencia", ya que la recuperación, ha dicho, sólo se logrará cuando se normalice el sistema financiero internacional, se restablezca el canal de crédito y la confianza vuelva a guiar a inversores y consumidores.
Entre los primeros datos sobre "el impacto real" de alguna de las medidas más significativas del "Plan E", ha destacado la evolución de las líneas de crédito del ICO: 42.443 familias se han beneficiado de créditos por importe de 294 millones; 24.446 Pymes han recibido créditos por un importe medio superior a los 90.000 euros, y 10.571 autónomos han accedido a prestamos por un total de 245 millones.
También ha elogiado la marcha del plan VIVE, que hasta mediados de marzo ha alcanzado las 27.000 operaciones por un importe superior a 262 millones de euros, lo que significa que un 20 por ciento de las matriculaciones se acogen a estas ayudas.
Zapatero ha reconocido que el VIVE no es suficiente para compensar la fuerte caída de la demanda de vehículos, pero ha considerado que "representa al menos una ayuda" para los productores, en línea con los programas adoptados en otros países europeos.
En tercer lugar ha destacado el Fondo de Inversión Local, del que el Gobierno ha transferido ya a los ayuntamientos 607 millones de euros para proyectos que ocuparán a 63.000 personas.
Y por último, ha subrayado el "claro alivio" que supone para muchas familias la bajada del euribor. Zapatero ha reiterado el compromiso de todos los Estados miembros de la UE con el principio de estabilidad presupuestaria, por lo que, aunque se van a generar en Europa "déficit públicos significativos" por los esfuerzos presupuestarios "extraordinarios" que se están realizando, en cuanto llegue la reactivación habrá que hacer un esfuerzo en sentido contrario.
No ha hecho referencia concreta a la destrucción de empleo en España, pero ha recordado que, según las previsiones de la Comisión Europea, en España se perderán este año 3,5 millones de puestos de trabajo.
El jefe del Ejecutivo ha vuelto a poner su confianza en la fuerza de la acción concertada de la Unión ante la "inusual dificultad" que atraviesa Europa, y se ha comprometido a seguir todas las recomendaciones europeas para avanzar hacia la recuperación económica.
A su juicio, del último Consejo Europeo surge un mensaje de confianza para los ciudadanos españoles: la UE tiene una firme voluntad política de adoptar medidas conjuntas, cuenta cada día con instrumentos más eficaces y coordinados y supone "un marco de concertación imprescindible en la actual coyuntura".

Economía.- Brown, convencido de que habrá un acuerdo en el G20 pese a la división entre europeos y norteamericanos

PARIS, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro británico, Gordon Brown, se muestra convencido de que la cumbre del G20 que se celebrará en Londres el próximo 2 de abril se saldará con un acuerdo sobre la reconstrucción del sistema financiero y las medidas para estimular el crecimiento y el comercio, pese a la división entre europeos y norteamericanos sobre nuevos planes de estímulo económico.
"El objetivo del G20 es ponernos de acuerdo sobre políticas coordinadas para hacer frente a la inestabilidad financiera y a la ausencia de crecimiento, de comercio y de empleos que golpea todos los continentes", asegura en una entrevista que hoy publica el diario económico galo 'La Tribune'.
"Si 2008 fue el año en el que la crisis fue internacional, 2009 puede ser el año en el que la comunidad internacional le hizo frente conjuntamente", continúa Brown.
Así pues, defiende que la reunión debe servir para reestructurar el sistema bancario y llegar a un acuerdo sobre reglas comunes para el futuro, así como para afrontar el problema de los paraísos fiscales o la supervisión internacional. Igualmente, tendrá que ayudar a los países que no tienen medios suficientes para reflotar ellos mismos su sistema bancario y abordar el asunto de la remuneración de los directivos.
La segunda medida que debe salir del G20 es procurar que la economía internacional recupere el crecimiento. En este sentido, se verá qué es lo que los diferentes países han hecho ya y se discutirá acerca de la próxima etapa. Brown incluye también en la agenda facilitar el comercio entre países para hacer frente a la ralentización del comercio mundial por falta de crédito.
En tercer lugar, menciona la ayuda a los países más pobres y en cuarto término, reformar las instituciones financieras internacionales, que se crearon en los años 1940, para adaptarlas a 2009. "Es un proceso. Hubo el G20 de Washington en noviembre, ahora la reunión de Londres y habrá la reunión de Copenhague en diciembre", resume.
En su opinión, si algo se ha aprendido durante esta crisis es que los bancos pueden tener problemas "en cualquier parte del mundo", porque están ligados los unos a los otros y, por lo tanto, hace falta incluir este aspecto en el sistema de regulación.
En este sentido, Londres acepta aumentar el poder de supervisión del Banco Central Europeo (BCE) pero defiende que la supervisión individual de los bancos siga estando en manos de las autoridades nacionales.
"El verdadero test es demostrar que podemos trabajar juntos y tomar decisiones coordinadas sobre el futuro de nuestro sistema financiero, el crecimiento de la economía y que podemos actualizar las instituciones financieras internacionales", insiste Brown, que descarta que la reunión se salde sin acuerdo.
SUELDOS DE LOS DIRECTIVOS
En la cita de Londres se prestará especial atención al proteccionismo y se pondrá en marcha un mecanismo de vigilancia para evitarlo. Y se buscará un acuerdo sobre los principios que definan las remuneraciones de los directivos.
"El objetivo es que los riesgos se tengan en cuenta en la remuneración, que la gente sea recompensada por un duro trabajo y no por los excesos", sostiene.
Por otro lado, espera cambios en el FMI para que organice la coordinación de los sistemas de supervisión, se cree un sistema de alerta contra las crisis y que el Banco Mundial pueda ocuparse de los problemas del medio ambiente además del desarrollo.
Finalmente, se muestra dispuesto a incluir a los países africanos en el G20 al considerar que "no es el momento" de reducir los programas de desarrollo. "Hace falta seguir la ruta hacia los Objetivos del Milenio. He hablado con el presidente Obama. Tenemos una responsabilidad con la pobreza causada por esta crisis y haremos lo que podamos para ayudar", agrega.

"La crisis nos hace libres"

El presidente francés trata de aplacar el malestar desatado por la recesión

A. J. B. - París - 25/03/2009
Desde la última huelga general en Francia, celebrada el jueves pasado, Nicolas Sarkozy había estado callado. Los sindicatos convocaron ese día más de 200 manifestaciones por todo el país y sacaron a la calle a más de tres millones de personas, según sus cálculos. Sarkozy prefirió que fuera el primer ministro, François Fillon, el que diera esa tarde la cara. Pero ayer, el presidente de la República, habló de la crisis económica: "Esta crisis nos hace libres".
Sarkozy contestó a la protesta social en Saint Quentin (Aisne), una región del norte de Francia particularmente afectada por la recesión y el paro. Aseguró: "Los que más sufren no son los que más protestan. Y yo debo oír a los que salen a la calle, pero también a esa otra mayoría silenciosa que sufre en silencio".
En un largo discurso de más de una hora, Sarkozy repasó (y defendió) su política económica, criticada por las centrales sindicales convocantes de la huelga, que le acusan de defender los intereses de las empresas y de los banqueros y no los de los trabajadores: "Hicimos lo correcto: sostener a los bancos para que siguiera funcionando el crédito. Si no lo hubiéramos hecho, habría sido peor. No hemos cometido ningún error". Por contra, habló de los bonus y de las retribuciones especiales a los ejecutivos bancarios: "No son honestas. No se puede remunerar con dinero público a unas gentes que no lo merecen". Y luego agregó: "Y os recuerdo que el dinero entregado a los bancos es un préstamo, no un regalo. Tiene intereses, que servirán para añadir fondos al Estado que a su vez se utilizarán en favorecer a los más débiles".
No fue un discurso de novedades, sino más bien pedagógico, encaminado a convencer a los ciudadanos de su acción. Nicolas Sarkozy desgranó, por tanto, las medidas sociales que su Gobierno ha destinado para "los más afectados por la crisis". Y añadió: "Y si esto sigue degradándose, haremos más". Anunció, eso sí, un plan especial y urgente dedicado a los jóvenes que se hará público antes del 15 de abril.
Los sindicatos y la izquierda le han criticado que centre especialmente su plan de reactivación económica en la inversión y no en el ciudadano medio, que no suba los salarios, que no suba el importe del salario mínimo profesional o que no suba los impuestos a los más poderosos. Sarkozy pasó de puntillas sobre las dos primeras cuestiones y respondió así a la tercera: "Yo no fui elegido para subir los impuestos".
Después se refirió a la crisis en general: "La crisis nos hace libres porque ahora tenemos que construir el mundo nuevo que va a salir de ella". Después criticó "el capitalismo sin moral" y aseguró que no irá a ninguna cumbre, refiriéndose a la del G-20, que se celebrará la próxima semana, "para decidir que no se decida nada".

La OIT sugiere al G-20 un Pacto Global sobre Empleo como salida a la crisis

La OIT sugiere al G-20 un Pacto Global sobre Empleo como salida a la crisis

Ginebra, 24 mar (EFE).- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló hoy que para superar los graves efectos de la crisis económica mundial se requiere un Pacto Global para el Empleo basado en políticas que favorezcan el trabajo digno y hagan más justa la globalización.
El director general de la OIT, Juan Somavía, indicó, en conferencia de prensa, que éste es el mensaje que su organización quiere enviar a la cumbre del G-20 que tendrá lugar en Londres la próxima semana.
Según las cifras presentadas por la institución el pasado enero, entre 2008 y 2009 se destruirán 52 millones de empleos en el mundo.
No obstante, los economistas de la OIT destacaron hoy que esas predicciones se hicieron cuando aún se creía que el crecimiento global de este año sería positivo, y dado que los datos actuales muestran que lo que realmente habrá será una recesión, las cifras de desempleo podrían aumentar.
Una circunstancia muy negativa, dado que basándose simplemente en el crecimiento demográfico, entre el 2009 y el 2010, el mundo necesitaría la creación extra de 90 millones de puestos de trabajo, algo que todo el mundo concuerda será imposible de alcanzar.
Es por ello que Somavía pidió "acciones urgentes".
"Si se aplican medidas coordinadas en respuesta a la crisis en los próximos tres meses, podríamos estabilizar el desempleo, y el crecimiento del empleo podría comenzar en el 2010. Si las medidas se toman sólo de aquí a seis meses, el proceso será más lento y la recuperación no comenzará hasta principios del 2011".
La OIT realizó un estudio sobre paquetes de rescate aplicados en 40 países del mundo, incluidos todos los miembros del G-20.
Según los datos recabados, sólo el 9,2 por ciento de los gastos de estos planes de rescate están dedicados a ayudar al empleo, y las medidas de política social sólo representan el 1,8 por ciento.
"Nosotros no decimos que no se rescaten los bancos, porque sin ellos la economía no funcionará, pero solicitamos que al mismo tiempo se tenga en cuenta la necesidad de impulsar la economía real", afirmó Somavia, quien agregó:
"Hacemos un llamamiento al G-20 para que lo tenga muy en cuenta, y tome las medidas necesarias".
Somavia hizo hincapié, asimismo, en la "crisis anterior a la crisis, como el hecho que se sobrevalorara el mercado, se infravalorara las regulaciones, y se despreciara la dignidad del trabajo y el respeto por el medio ambiente".
"La muestra evidente de que el mercado de trabajo no era de calidad ha sido la facilidad con la que se han destruido empleos", agregó el director de la OIT.
Por lo que abogó por luchar no sólo contra la destrucción de empleo, sino también contra la deflación de los salarios porque este hecho sólo agravaría la crisis, dado que reduciría aun más la demanda y disminuiría la confianza en la recuperación.
Somavia reiteró la necesidad de coordinación entre países e instituciones para actuar de la forma más eficiente y eficaz posible.

El Consejo de Administración de la OIT discutirá respuestas a la crisis económica y social

El Consejo de Administración de la OIT discutirá respuestas a la crisis económica y social

GINEBRA (Noticias de la OIT) – El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), que comienza el 5 de marzo, analizará nuevas medidas y políticas de carácter urgente tendientes a mitigar el grave impacto de la crisis financiera y económica mundial en el mundo del trabajo y estimular una recuperación sostenible de la economía.
El 23 de marzo de 2009, una Reunión tripartita de alto nivel sobre la actual crisis económica y financiera mundial analizará respuestas eficaces a la crisis, a partir de un informe que cubre 40 países del mundo. Dominique Strauss-Kahn, Director General del Fondo Monetario Internacional, entre otras personalidades, se dirigirá a la reunión.
El Profesor Joseph Stiglitz, a quien le fue otorgado el Premio sobre Trabajo Decente de la OIT 2008, hablará frente al Consejo de Administración durante una sesión especial que tendrá lugar el 12 de marzo de 2009.
Dentro del contexto de la crisis financiera y económica, la Comisión de Empleo y Política Social analizará las respuestas de la OIT a la crisis (para más información vea GB.304/ESP/2). La Comisión discutirá además sobre los últimos datos relacionados con el salario mínimo a nivel mundial (GB.304/ESP/3) y la ejecución del Programa Global de Empleo en Brasil (GB.304/ESP/4).
La reunión, que se llevará a cabo entre el 5 y el 27 de marzo, examinará las propuestas de programas y presupuesto para el bienio 2010-11. El Director General de la OIT, Juan Somavia, dijo que el presupuesto fue elaborado para apoyar los esfuerzos de gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores a nivel mundial para alcanzar los objetivos de la Organización en medio de una profunda crisis económica global.
El presupuesto propuesto de 641,7 millones de dólares para 2010-11 es, en términos reales, igual al del presente bienio.
La reunión examinará la situación en Myanmar a partir de un informe realizado por el funcionario de enlace de la OIT en Yangón. El 26 de febrero 2008, fue prorrogado por otros 12 meses el período de un año de prueba del Protocolo de Entendimiento alcanzado entre la OIT y el Gobierno de Myanmar sobre un mecanismo para que las víctimas de trabajo forzoso tengan la posibilidad de buscar reparación sin temor a represalias. También se le informará al Consejo de Administración sobre las actividades de reconstrucción que la OIT ha llevado a cabo en el Delta de Irrawaddy después del ciclón Nargis.
La reunión examinará también el más reciente informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
El Consejo de Administración discutirá un plan de implementación preliminar de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (GB.304/SG/DECL/1). La Declaración hace un llamado para una nueva estrategia tendiente a apoyar economías y sociedades abiertas basadas en la justicia social. La Declaración respalda el concepto de trabajo decente y el Programa de Trabajo Decente, con sus cuatro objetivos estratégicos, que son inseparables, integrados y se apoyan mutuamente (creación de empleo y empresas sostenibles, protección social, derechos de los trabajadores y diálogo social), como una respuesta eficaz a los desafíos de la globalización.
La Subcomisión de Construcciones del Consejo de Administración discutirá propuestas para la realización de un plan general para la renovación del edificio de la sede central de la OIT, incluyendo un plan integral de financiación (GB.304/PFA/BS/2).
El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Oficina Internacional del Trabajo (la Oficina es la secretaría de la Organización). Se reúne tres veces al año, en marzo, junio y noviembre, y toma decisiones sobre la política de la OIT, el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo y sobre el Programa y Presupuesto de la Organización antes de su presentación a la Conferencia.
Está compuesto por 56 miembros titulares (28 Gobiernos, 14 Empleadores y 14 Trabajadores) y por 66 miembros adjuntos (28 Gobiernos, 19 Empleadores, y 19 Trabajadores). Diez de los puestos gubernamentales quedan reservados a los Miembros de mayor importancia industrial (Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Federación de Rusia). Los demás miembros gubernamentales son elegidos por la Conferencia cada tres años.

La OIT asegura que la crisis es "de empleo global"

El director general de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), el chileno Juan Somavía, afirmó que la actual crisis financiera "se ha convertido en una crisis de empleo global", al tiempo que alertó de la alarmante cifra de desempleo mundial que podría registrarse este año

Efe - Santiago de Chile - 22/03/2009 // Cinco Días

"El desempleo a nivel mundial podría afectar hasta a 231 millones de personas en 2009, un incremento de 52 millones comparado con 2007", precisó en una entrevista que publica hoy el diario La Nación.

El responsable de la OIT aseguró que la actual coyuntura económica "ha puesto en peligro, en tan sólo pocos meses, gran parte de los avances que el mundo ha realizado en los últimos quince años en materia de reducción de la pobreza".

A su juicio, la crisis fue provocada por un modelo de globalización "desequilibrado e injusto" que en los últimos años ha sobrevalorado el papel del mercado, infravalorado el papel del Estado y "menoscabado la dignidad del trabajo y el respeto por el medio ambiente".

Somavía explicó que la situación es especialmente delicada para los países en desarrollo, como algunos de Latinoamérica, donde al aumento del desempleo se ha sumado un incremento de la pobreza laboral, con trabajadores que ganan menos de dos dólares al día.

Sin embargo, alabó las medidas contra la crisis centradas en la creación de empleo que algunos países han impulsado, como el plan de inversiones en infraestructuras lanzado en Colombia.

El responsable de la OIT abogó por la aparición de un nuevo paradigma centrado en "la defensa y la promoción de empresas sustentables y el trabajo decente".

Para salir de la actual situación, Somavía recalcó la importancia de promover el flujo de capitales para dinamizar las economías e instó a los bancos a prestar dinero.

"Los bancos deben retomar su papel tradicional de prestar dinero a empresas y personas, los verdaderos motores de la economía, para que éstos inviertan, comercien y consuman", enfatizó.

Europa exige a España reformar el mercado laboral, las pensiones y la educación

Publicado el 20-03-2009 , por Expansión.com/Europa Press

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido hoy a España más reformas del mercado laboral, de las pensiones y del sistema educativo para acelerar la salida de la crisis y volver al crecimiento y a la creación de empleo. Además recomiendan a las autoridades españolas corregir el amplio déficit por cuenta corriente y facilitar la reestructuración del sector de la vivienda.
Más medidas para facilitar la recolocación de los parados, que según las previsiones de Bruselas alcanzarán casi el 19% de la población activa en 2010, y para reducir las diferencias entre los contratos temporales y los contratos fijos. La UE pide además fomentar la movilidad de los trabajadores y mejorar su formación. Además ayudaría a mejorar la competitividad de la economía española. La UE sugiere que "la evolución de los salarios se vincule más estrechamente a la evolución de la productividad, en el contexto del diálogo social".
La segunda recomendación concreta que los 27 dirigen a España se refiere a la necesidad de "garantizar la aplicación eficaz de las reformas educativas, también a nivel regional, con los objetivos principales de reducir el abandono escolar y aumentar el porcentaje de alumnos que terminan la educación secundaria superior". En el mismo sentido, la UE reclama a España "garantizar que las universidades se adaptan rápidamente al proceso de Bolonia".
En tercer lugar, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE exigen al Gobierno nuevas medidas para mejorar la eficacia de las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D), y para aumentar la competencia en los servicios profesionales y las industrias de red (puertos, trenes, transporte de mercancías y telecomunicaciones), y especialmente en el sector de la electricidad, acabando con el déficit en las tarifas para que no haya distorsión de precios.
DéficitLos líderes europeos recomiendan finalmente a España corregir el amplio déficit por cuenta corriente y facilitar la reestructuración del sector de la vivienda, con medidas para mejorar la regulación del mercado del alquiler.
Durante la cumbre de primavera se aprobaron también recomendaciones dirigidas al resto de Estados miembros sobre las reformas a las que deben dar prioridad para salir de la crisis y cumplir los objetivos de la estrategia de Lisboa de crecimiento y empleo.

La UE, sin cumbre sobre empleo

Nicolas Sarkozy, secundado por Merkel y Brown, cree que no aportaría nada a lo que ya se hace contra el paro.

21.03.09 – larioja.com
FERNANDO PESCADOR
CORRESPONSAL. BRUSELAS

No habrá cumbre extraordinaria sobre el empleo, el 7 de mayo en Praga. La convocatoria, hecha pública a mediados de febrero por el primer ministro checo, Mirek Topolanek, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, quedó anulada ayer en la capital comunitaria a iniciativa de Nicolas Sarkozy, secundado por Angela Merkel y Gordon Brown. No hubo explicaciones oficiales. Fuentes oficiosas del Consejo señalaron que el cambio de planes respondía a la certeza de que la reunión no aportaría nada nuevo a lo que se está haciendo por el empleo en esta crisis económica.
El propio presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo que corregir el tiro y declarar que «todo lo que estamos haciendo (en la UE) tiene el empleo como objetivo último». La víspera, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, había asistido a una reunión del diálogo social, en la que cobró carácter axiomático la idea de que la UE no debe ayudar únicamente a los bancos a salir de la crisis; que debe concentrarse en el empleo. La idea la aventaron también los socialistas europeos en su cumbre previa al Consejo. Pero, al final, la reunión de Praga va a quedar circunscrita a un encuentro más del diálogo social (presidencia de la UE y de la Comisión con patronal y sindicatos).
No fue la cumbre anulada la única noticia sorprendente del Consejo Europeo: en su transcurso se supo que Renault va a repatriar parte de la producción del 'Clio', que tiene deslocalizada en Eslovenia, a una de sus factorías en las afueras de París.
En unas declaraciones por una radio francesa, el secretario de Estado de Industria, Luc Chatel, se felicitaba de una decisión que vinculaba directamente con el plan francés de ayuda al automóvil. Resulta que hace poco más de dos semanas, tuvo lugar en Bruselas un consejo extraordinario en el que todos los socios comunitarios, incluida Francia, dijeron renegar del proteccionismo económico. Ayer parecía materializarse la amenaza, pero la cumbre se reveló ciega y sorda a la evidencia.
El primer ministro del Gobierno de Liubliana, Borut Pahor, declaró que Sarkozy le había garantizado que no se perdería un puesto de trabajo en Eslovenia por esta decisión de Renault. Y Barroso, posiblemente más preocupado por su reelección que por mantener sus tesis tradicionales contra el proteccionismo y el nacionalismo económico, prefería estimar que las declaraciones de Chatel respondían «a un malentendido».
La cumbre europea confirmó las previsiones difundidas en las últimas semanas sobre un incremento de las aportaciones de los socios europeos al Fondo Monetario Internacional en 75.000 millones y el destinado a ayudar a socios comunitarios no miembros del euro en dificultades económicas hasta 50.000 millones, desde los 25.000 millones actuales.
Fondos al Este
El Consejo Europeo aprobó también la Asociación Oriental, una iniciativa enmarcada en la política de vecindad que busca mejorar las relaciones de la UE con seis países del Este europeo (Armenia, Azerbayán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania) y favorecer su cooperación multilateral.
Propuesto por Polonia y Suecia en mayo de 2008, y hecho suyo por la Comisión en diciembre, el nuevo esquema de cooperación con estos países tendrá una dotación suplementaria de 600 millones de euros con respecto a las cantidades que les corresponderían en las Perspectivas Financieras 2007-2013.
La Asociación Oriental buscará «reforzar la política de la UE con sus socios del Este, creando las condiciones necesarias para la asociación política y una mayor integración económica», afirman las conclusiones de la reunión. Aunque el Consejo no lo reiteraba, la asociación no será considerada como una antesala para la adhesión. Polonia lo deseaba, sobre todo por Ucrania, pero Alemania y Francia no quieren asumir nuevos compromisos sobre ampliaciones sin esclarecer el futuro de las que están en marcha (Croacia y el resto de los Balcanes occidentales y Turquía).
El nuevo organismo debería facilitar el establecimiento de zonas de libre cambio entre la UE y los países concernidos, y la concesión de visados y repatriaciones. La Asociación Oriental se pondrá en marcha el 7 de mayo, en Praga.

Respuesta preguntas 2ª semana

1.El artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que la duración máxima de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo. Se trata de una norma:
a) De derecho imperativo necesario, se excluye, por tanto, la negociación colectiva en esta materia.
b) De derecho necesario relativo. Dicha norma establece un límite máximo, pero se permite la negociación colectiva siempre que se respete dicho límite.
c) De derecho necesario relativo. Dicha norma establece un límite aunque se permite, en todo caso, la negociación colectiva.
d) De derecho dispositivo, dicha previsión legal sólo se aplicará si no una existe previsión diferente en el contrato de trabajo.


La respuesta correcta es la B). La norma estatal establece el tratamiento mínimo o máximo para todos los trabajadores. La autonomía colectiva podrá mejorar ese mínimo o máximo estatal, prohibiéndose en todo caso su empeoramiento y siempre deberá respetar dichos límites. En el caso de no hacerlo, el artículo 9 del Estatuto de los Trabajadores prevé la nulidad relativa.
La diferencia entre la B y la C es que la respuesta C establece que se permitirá en todo caso, sin embargo la negociación colectiva debe respetar en todo caso el límite establecido en la norma. Por lo tanto, no se permite en todo caso sino sólo en el caso de que respete dicho límite.

La respuesta A y B no son de aplicación puesto que estamos en el ámbito del derecho necesario relativo, no se trata de un derecho imperativo necesario ni de un derecho dispositivo.


2.Con relación a los altos directivos en una empresa:

a) El director de Marketing de una empresa es un alto directivo y por lo tanto no se le aplica el Estatuto de los Trabajadores, sino el Decreto relativo a los altos directivos.
b) El director de Marketing de una empresa no es un alto directivo pero tampoco se le aplica el Estatuto de los Trabajadores por estar excluido de la relación laboral.
c) Un alto directivo de una empresa que también es consejero de la misma es considerado trabajador de dicha empresa, pero al ser una relación laboral de carácter especial se le aplica el Decreto relativo a los altos directivos.
d) Según lo establecido por el Tribunal Supremo, si un alto directivo es también consejero de la empresa estará excluido de la relación laboral, no siendo considerado trabajador.


La respuesta correcta es la D) ya que se trata de un alto directivo que es también consejero o miembro de los órganos de administración de la empresa. En este caso, y según doctrina del Tribunal Supremo (Teoría del vínculo) la actividad laboral queda absorbida por la mercantil, de tal forma que este alto directivo está excluido de la relación laboral, no considerándose trabajador.
Por ello la respuesta C), que establece lo contrario, es incorrecta.
En cuanto a la A) y la B), relativas a un director de un área o departamento concreto (en este caso, director de Marketing) éste no se considera alto directivo de la empresa ya que no ejerce poderes relativos a objetivos generales de la misma, sino que sólo ejerce poderes en relación con el área o departamento que dirige. Por el contrario, es considerado trabajador y e le aplicará el Estatuto de los Trabajadores.


3.Se incurre en cesión ilegal de trabajadores cuando:

a) La empresa disponga de los medios necesarios para el desarrollo de su actividad y además tenga una organización propia y estable
b) La cesión de trabajadores se haya hecho por una empresa de trabajo temporal
c) El objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria
d) La empresa ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario

La respuesta correcta es la C) tal y como viene establecido en el artículo 43.2 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores (ET) es la norma base. Sin embargo, este fue objeto de modificación por la Ley 10/1994 de 19 de Mayo.
En la redacción original, dicho artículo prohibía el reclutamiento y la contratación de trabajadores para prestarlos, así como su cesión temporal a otro empresario. Con la reforma, derivada de la legalización de las empresas de trabajo temporal (ETTs), la nueva versión establece: “La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan". Pasamos por tanto de una prohibición absoluta a una limitada, efecto de la ley de 1994, ya que ahora está prohibida toda relación triangular que no sea con ETT. Por lo que la respuesta B) no sería en este caso la correcta.
Además, el segundo apartado del artículo 43 ET, recoge las circunstancias que constituyen indicios de cesión ilegal:

· el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, (respuesta C) sería la correcta)
· la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable (por lo que la respuesta A) sería incorrecta)
· la empresa no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, (respuesta A) incorrecta)
· no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario (respuesta D) incorrecta).